sábado, julio 15, 2006

¿COMO SE PAGAN LOS TRIBUTOS EN EL PERU?

El poder tributario junto con las aspiraciones de una empresa

Ahorro de tiempo y dinero es lo que buscan los inversionistas cuando deciden colocar sus capitales en una plaza. Los pasos para constituir una empresa, la legislación laboral y el sistema tributario, son temas insoslayables, vale decir, asuntos de absoluta prioridad.

Esta información aspira a satisfacer sus expectativas para evitar contratiempos y enredos en los nuevos negocios que planea hacer dentro del TLC Estado Unidos-Peru.

Puede ampliar esta información en este mismo blog, si usted lo desea. Este es un enfoque con visión académica, mas no comercial.

Y ahora, le esto:

El Poder Tributario, es la capacidad jurídica, soberana y constitucional de cobrar impuestos. Es el ius imperirum del estado, el poder coercitivo, que usa, precisamente, para ejercer sus atribuciones tanto en el sistema tributario, conjunto de reglas y procedimientos, como en el sistema impositivo, el conjunto de modalidades acerca de cómo aplicar esas normas y procedimientos en el país. En todo esto, hay una relación entre el estado, como acreedor, y el contribuyente, como deudor.

Por eso, el poder tributario, que descansa en la Constitución y en su Código, es originario, vale decir, en todo momento y en todo lugar ha estimulado el cobro de impuestos y su jurisdicción no puede ir más allá de su territorio. Otra característica es que todo impuesto nace obligatoriamente de la ley. Sin excepción, todos los impuestos son aprobados por el Congreso de la Republica.

Los impuestos se pagan en efectivo, no en bienes ni por canje. Inclusive, los jubilados pagan, aunque con descuentos humanitarios del 40% en su autoavalúo. Todo impuesto debe estimular la inversión y el ahorro, algo que resulta fundamental en la reactivación económica de un país.

Fundamento de la justicia tributaria

Aquí y en cualquier parte del mundo a nadie le gusta pagar impuestos. Es un tema desagradable, según varias opiniones, para quienes tienen una carga tributaria, pero cumplir con esta obligación es contribuir a que el estado forme sus recursos y pueda financiar proyectos y atender las necesidades de la población.

Fuente de ingresos tributarios

Hay dos formas de captar ingresos. Por la vía de los originarios, vale decir, las empresas públicas y las inversiones del estado. Por la vía privada o de los derivados, los impuestos que se cobran a particulares para el cumplimiento de los fines del estado en beneficio de la sociedad.

La clasificación de los tributos

Aquí en el Perú está perfectamente diferenciadas las clases de tributos.

Hay un tributo que, como en todo el mundo, se conoce como impuesto. Este se ramifica en varias vertientes. Así tenemos el Impuesto General a las Ventas (IGV), que grava todas las operaciones de compra venta, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que permite hacer caja chica y de emergencia al estado, el Impuesto a la Renta (IR), que ha variado en los últimos 10 años entre 30% y 33%, el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITAN), para prevenir el lavado de dinero, el impuesto a los activos netos (ITF), cuyo impacto se ve con mas nitidez en las cuentas bancarias, giro de cheques y otros que se encuentran en el complejo tejido jurídico tributario.

Obviamente, todos estos impuestos son indirectos. La recaudación que se logra bajo este concepto sirve para satisfacer las necesidades que tiene el estado en el cumplimiento de sus fines, según la teoría tributaria.

Otro tributo es la contribución, que no figura en el Presupuesto General de la Republica, debido a que su orientación alcanza a un sector. Dicho sea de paso, es una contraprestación de un servicio que ofrece el estado al contribuyente.

Por ejemplo, Essalud, asistencia sanitaria a sus afiliados, ONP, la oficina que vela por las pensiones de los jubilados, los peajes, entre otros.

En cambio, otro tributo, la tasa, en cuya definición los autores aun no se han puesto de acuerdo. Baste señalar que la tasa es el pago que un contribuyente hace al estado por un servicio que recibe de manera directa. Tal es el caso de los aranceles judiciales, para hacer caminar una demanda en los tribunales o el correo, para la distribución de la correspondencia privada.

En materia de impuestos, el estado nunca perdona

Por el principio de la irrenunciabilidad, el estado no puede renunciar a su obligación de cobrar impuestos. Estos, además, son imprescriptibles, vale decir, no caducan en el tiempo y la obligación de pagar se mantiene viva para el contribuyente.

Tal es el caso del contribuyente que se ha atrasado en el pago de su autoevalúo por una vivienda que tiene en el distrito de Miraflores. Esta obligación no prescribe, aunque hay ciertas excepciones cuando la deuda se mantiene por 4, 6 y 8 años. Esto pasa cuando el contribuyente moroso pide de oficio, vale decir, él mismo hace el trámite ante la municipalidad, la prescripción de la deuda. Hay que aclarar que lo que prescribe es siempre el año más antiguo. Sin embargo, la autoridad edil, de oficio, puede ordenar a su división de rentas la notificación del moroso en su propio domicilio, interrumpiendo automáticamente la prescripción.

Algunas herramientas de defensa

El derecho tributario defiende, como en cualquier parte del globo civilizado, a los contribuyentes cuando se desconocen sus derechos. Existen principios que la norma jurídica tributaria no puede ignorar. Por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad, garantiza que a nadie se le puede imponer de manera leonina un tributo por encima de su capacidad contributiva. Otro, el de la claridad, todo impuesto se cobra con la precisión en la mano sea en cantidad o en modalidad. El principio de la uniformidad es obvio, pues la ley es para todos por igual, junto con el principio de publicidad, ya que los contribuyentes deben estar informados para el pago de sus obligaciones, entre otros principios.

Aspiraciones tributarias de una empresa

Algunos critican por qué en Perú se cobra impuestos a las empresas desde antes que comiencen su actividad productiva. En Chile, con una treintena de TLC suscritos, se deja al empresario crecer, hacerse de su capital, de tal modo que cumplido un año pueda hacer sus primeros aportes como unidad productiva. Sin embargo, la norma es clara y aquí todo el mundo que crea una empresa tiene que pagar impuestos desde un comienzo, incluso antes de poder demostrar ganancias, ingresos o utilidades.

Por su supuesto, como requisito del sistema tributario, la ley contempla que debe gravarse solo las ganancias y la renta, pero no el capital. Es más, habla de que los impuestos deben operarse con el máximo rendimiento para el fisco y con el mínimo costo posible para contribuyente. Lo que quiere decir que el estado no puede darse en lujo de elevar sus costos, a costa de los fines atender las necesidades de población, ni mucho menos cargar de manera irracional al deudor tributario.

Pistola en la nuca al lavado de dinero

Cuando se aprobó el impuesto a las transacciones financieras (ITAN) no pocos elevaron su protesta debida que encarece los productos, bienes y servicios en el mercado, aunque después de conocer su propósito esas voces quedaron en silencio. Es público que este impuesto grava toda transacción comercial que supere las los US$ 10 mil que, de acuerdo a la ley, debe ser canalizada a través de la intermediación financiera, lo cual supone que una operación por este monto necesariamente tiene que pasar por el registro de los bancos. Estas entidades financieras, publicas o privadas, cruzan datos con el Banco Central de Reserva, que vela por la estabilidad monetaria, con la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene que ver con la normativa del sistema financiero y la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) que administra todos los impuestos del Perú.

De este modo, si Juan Pérez es un desempleado y mueve esta cantidad de dinero, el sistema automáticamente lo reporta bajo la suspicacia de “lavado de dinero”, algo que de encontrarse más pruebas e indicios, es complementado en las investigaciones por el Ministerio Publico, que lleva la carga de la prueba, para luego hacer su acusación fiscal ante el juez penal de turno.

Penalidades del sistema, multas, sanciones y cárcel efectiva

En todo Perú el mes de Marzo es la temporada en que todo el mundo presenta su declaración jurada. Aun cuando no pasara de los mínimos de ingresos establecidos por ley, el contribuyente tiene la obligación de presentar su formulario ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), sea de manera física o virtual. A diferencia de otros años en que las ventanillas de este organismo se veían abarrotadas por los deudores y morosos, hoy en día las tecnologías de gobierno electrónico y comercio electrónico, permiten pagar impuestos desde una PC, una cabina de Internet o simplemente desde la laptop usando las ventajas del Wi-Max o Wi-Fi. Desde la red, se puede incluso hacer pagos de impuestos, obtener numero de RUC y usar tarjeta de debito contra un banco afiliado al sistema.

Entre las sanciones que contempla de menos a más el sistema tributario, ese conjunto de normas y procedimientos, figuran la multa, la sanción administrativa y pena de cárcel efectiva, según el grado de la falta y delito.

Las criticas más relevantes

Menudean las críticas sobre impuestos, por supuesto. Son de ingrata recordación la elevación de 18% a 19% v.s. 5% (EE.UU) porque se creyó siempre que una medida así desalienta el consumo entre la gente con poder de compra. Criticas también ha habido por el hecho que el contribuyente paga el doble por gasolina, una de las mas caras de la región latinoamericana. Y es que la carga tributaria es de 50% valor normal, incluyendo IGV, ISC etc. Hace ocho años el galón de gasolina de 97 octanos costaba US$ 70 centavos. Hoy cuesta US$ 3.5

De otro lado, se empezó criticando el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITAN), pero las críticas han disminuido desde que la administración tributaria aclaró que es una medida contra el lavado de dinero. Y, obviamente, el tema del impuesto a la renta ha causado ruido entre las operadoras eléctricas y las mineras desde que se aprobaron los contratos-ley que garantiza a los inversionistas estabilidad tributaria en el tiempo, lo cual supone que ni en el presente ni el futuro podrá ley alguna cambiar esas reglas de juego, algo que tiene que ver con la estabilidad jurídica, concepto muy ligado a la tranquilidad de los capitales.

Centrum Laban, el poder de las ideas

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